DÉCIMO NOVENO.- A propuesta del Gobernador Rubén Ignacio Moreira Valdez, Coordinador de la Comisión de Derechos Humanos, los titulares del poder ejecutivo de las entidades federativas, suscribieron el Convenio Marco de Coordinación y Colaboración en Materia de Atención a Personas en Situación de Víctima; Intercambio de Información; Diseño y Ejecución de Políticas Públicas, y Capacitación, con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) del Sistema Nacional de Atención a Víctimas.

Dicho instrumento tiene como objetivo establecer las bases, mecanismos y acciones de coordinación y colaboración entre la CEAV las entidades federativas para que, dentro del ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con la legislación federal y estatal aplicable, realicen actividades conjuntas para promover la atención, asistencia y protección a personas en situación de víctima de delitos o de violación a derechos humanos cometidos por servidores públicos; intercambio de información recíproca; diseño y ejecución de políticas públicas, y capacitación en materia de la Ley General de Víctimas.

VIGÉSIMO SEXTO.- El Gobernador Rubén Ignacio Moreira Valdez, Coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de la Conago hizo un respetuoso llamado a los miembros de la Conferencia para atender las siguientes recomendaciones:

1. A petición del Mtro. Ricardo Antonio Bucio Mújica, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional para la Protección de las Niñas y los Niños (SIPINNA), que las entidades federativas revisen el estatus que guardan en la implementación de Sistemas Estatales para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes, de conformidad con la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
2. Implementar en las entidades federativas las observaciones emitidas el 8 de junio de 2015 para garantizar el respeto de los derechos de niñas, niños y adolescentes, por el Comité de los Derechos del Niño de la Convención sobre los Derechos de los Niños y las Niñas del Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (UNICEF por sus siglas en inglés).
3. Presentar iniciativas en las legislaciones locales para establecer como edad mínima para el matrimonio los 18 años de edad.

TRIGÉSIMO QUINTO.- Con fundamento en las fracciones tercera y cuarta del artículo sexto, el artículo vigésimo primero y el artículo vigésimo cuarto de los Lineamientos de la Conago, se aprueba la creación de las siguientes Comisiones:

1. Fomento a la Industria Vitivinícola: coordinada por el Gobernador Francisco Arturo Vega de Lamadrid y vicecoordinada por el Gobernador Rubén Ignacio Moreira Valdez;
2. Gobiernos Abiertos, Transparencia y Rendición de Cuentas: coordinada por la Gobernadora Claudia Artemiza Pavlovich Arellano y vicecoordinada por el Gobernador Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón y el Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera Espinosa;
3. México Asia-Pacífico: coordinada por el Gobernador Rubén Ignacio Moreira Valdez y vicecoordinada por el Gobernador Eruviel Ávila Villegas.

Las Comisiones deberán elaborar su Agenda Temática, así como su Programa de Trabajo calendarizado, y presentarlos para su aprobación ante este Pleno de Gobernadores en cumplimiento del artículo vigésimo cuarto de los Lineamientos de esta Conferencia.

VIGÉSIMO.- A propuesta del Gobernador Eruviel Ávila Villegas, el Pleno de Gobernadores aprueba la creación de un Grupo de Trabajo cuyo objetivo es elaborar una propuesta para dotar de personalidad jurídica a la Conferencia Nacional de Gobernadores.

Este grupo será coordinado por el Gobernador Eruviel Ávila Villegas y conformado por los gobernadores Rubén Ignacio Moreira Valdez, César Horacio Duarte Jáquez, Jorge Herrera Caldera, Miguel Márquez Márquez, José Francisco Olvera Ruiz y el Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera Espinosa.

VIGÉSIMO CUARTO.- Se tiene por recibido el Informe sobre Atención a Víctimas del Delito; Desaparición Forzosa de Personas y Protección a las Niñas, Niños y Adolescentes realizado por el Gobernador Rubén Ignacio Moreira Valdez, Coordinador de la Comisión de Derechos Humanos, destacando los siguientes compromisos:

1. Realizar acciones para la armonización de la normatividad local con la Ley General de Víctimas.
2. Consolidar los trabajos en materia de desaparición de personas adecuándolos a la legislación federal y a los estándares internacionales.
3. Apoyar las acciones de búsqueda de personas no localizadas, tales como el diseño de un protocolo ministerial y la Base de Datos Ante Mortem/Post Mortem (AM/PM).
4. Solicitar a la Procuraduría General de la República información sobre los perfiles genéticos, a fin de ser ingresados a la Base Nacional de Genética y coadyuvar en la localización de personas.
5. Impulsar la legislación de ausencia por desaparición, de acuerdo a lo establecido por la Ley General de Víctimas.
6. Promover la armonización de la legislación local con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

VIGÉSIMO PRIMERO.- A propuesta del Gobernador Rubén Ignacio Moreira Valdez, Coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de la Conago, los titulares de los ejecutivos de las entidades federativas, aprobaron la realización de las siguientes acciones para la defensa de los derechos humanos:

• Promover que se realicen las medidas necesarias, en el ámbito de sus respectivas competencias, para dar cumplimiento a las recomendaciones en materia de derechos humanos emitidas al Estado mexicano, en el Segundo Examen Periódico Universal en materia de derechos humanos del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (EPU), así como de los diversos organismos internacionales y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
  
  Para lo anterior, se gestionará ante la Subsecretaría de Derechos Humanos, la creación de un Grupo de Trabajo, que se encargará de dar seguimiento a los avances en los trabajos tendientes a la atención de las recomendaciones.

• Realizar las gestiones para la implementación de la reforma constitucional de derechos humanos de 2011 a fin de garantizar su aplicación efectiva, su difusión entre la población de cada entidad federativa; la capacitación de servidores públicos locales; y la articulación con los otros poderes y las autoridades federales y municipales.

• Impulsar el inicio o continuidad de los trabajos para la elaboración de programas estatales de derechos humanos, procurando el fortalecimiento del “Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018” y que permitan avanzar en la garantía de los derechos humanos de las personas. 
  
  Dichos programas estatales de derechos humanos deben realizarse a través de procesos participativos y plurales, respondiendo a diagnósticos de derechos humanos e incluir mecanismos para su seguimiento y evaluación.

• Promover iniciativas de reformas legislativas a efecto de desarrollar mecanismos estatales de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
  
  Asimismo, en el marco de los convenios suscritos, se comprometen a impulsar las acciones tendientes a dar seguimiento puntual e implementar las medidas aprobadas por el Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

• Impulsar la armonización normativa de la Ley General de Víctimas en sus entidades federativas, donde se contemple la creación de una Comisión Ejecutiva Estatal; el Registro Estatal de Víctimas; la Asesoría Jurídica Estatal; y el Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, así como llevar a cabo las gestiones necesarias para cumplir con las obligaciones establecidas en dicha Ley, tales como:

• Crear o designar el área de atención a víctimas en cada una de las dependencias que, por su naturaleza, proveen servicios de reparación;
• Fortalecer e impulsar la creación de las instituciones públicas y privadas que prestan atención integral a las víctimas;
• Promover, en coordinación con el Gobierno de la República, programas y proyectos de atención, educación, capacitación, investigación y cultura de los derechos humanos de las víctimas;
• Impulsar la creación de refugios para las víctimas;
• Proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas, la información necesaria para su elaboración.

• Continuar apoyando a través las instituciones encargadas de la Seguridad Pública, las “acciones de búsqueda de personas no localizadas” tales como: el diseño de un protocolo ministerial para la búsqueda; la red nacional para la búsqueda de personas cuyo paradero se desconoce; la Base de Datos AM/PM (ante mortem-post mortem) para recopilar información sensible y útil para la búsqueda en vida e información forense para la identificación de personas fallecidas a través del uso del Protocolo de Tratamiento e Identificación Forense en todos los servicios forenses del país, y; el fortalecimiento de las capacidades ministeriales, forenses y periciales, así como “esquemas de atención especializada a las víctimas”.
  
  Asimismo, se reitera el compromiso de las instituciones encargadas de la Seguridad Pública, en coordinación con las Procuradurías y Fiscalías de los estados y el Distrito Federal, de instalar “comités de búsqueda de personas no localizadas”, para medir los avances y cumplimiento de los acuerdos relacionados con la búsqueda de estas personas.
  
  Las instituciones encargadas de la seguridad pública de las entidades federativas, en coordinación con todas las instancias que participan en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, apoyarán en todas sus etapas los trabajos para la implementación y operación del dispositivo no judicializado de búsqueda urgente, cuyo diseño se ha avanzado en el “grupo de trabajo para la búsqueda de personas no localizadas”, que encabeza la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
  
  Asimismo, de conformidad con el artículo 21 y el numeral segundo transitorio del Decreto de Reformas a la Ley General de Víctimas, los Titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas se comprometen a impulsar iniciativas de ley relacionadas con la declaración de ausencia por desaparición, además de promover las reformas necesarias a los Códigos Penales a fin de adecuar el tipo penal de desaparición forzada, conforme a estándares internacionales.

• Llevar a cabo las gestiones necesarias, a través de las instituciones encargadas de la Seguridad Pública de las entidades federativas, para que la información de la base de datos sobre la población de internos que se encuentran en los Centros de Readaptación Social (CERESOS) y Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOS) del país, pueda cruzarse con los registros de personas no localizadas y de la sección “ante mortem” del software AM/PM (en proceso de implementación y operación en la Procuraduría General de la República y en las procuradurías y fiscalías del país), así como, con los registros de personas que se ubican en las bases de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a fin de coadyuvar en los esfuerzos de localización de personas.

• Comprometerse a realizar las medidas necesarias que permitan remitir a la Procuraduría General de la República a través de las instituciones encargadas de la Seguridad Pública, Procuradurías y fiscalías locales, la información sobre perfiles genéticos con la que cuenten, a fin de ser ingresados a la Base Nacional de Genética, denominada “CODIS” para el cruce de información, a fin de coadyuvar en los esfuerzos de localización de personas.

• Cumplir de manera integral con lo establecido en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos y a impulsar la armonización normativa conforme a la mencionada Ley, para garantizar que se apliquen los tipos penales contemplados en la misma.
  
  Asimismo, instalar las Comisiones Intersecretariales o Interinstitucionales locales en materia de trata e impulsar sus trabajos.

• Tomar todas las medidas necesarias para combatir la violencia contra las mujeres, garantizar la igualdad sustantiva y reducir las brechas de desigualdad que viven en diversos ámbitos; además de impulsar la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas y presupuestos.
  
  Es necesario avanzar en la garantía del pleno respeto de los derechos de las mujeres, por lo que se debe avanzar hacia la armonización de los estándares internacionales en las legislaciones locales, tal como han recomendado a México diversos mecanismos de protección de derechos humanos.

• Impulsar la creación de Centros de Justicia para las Mujeres en los estados y el Distrito Federal, y a apoyar con recursos para su operación a los Centros que ya existen.
  
  Asimismo, difundir la línea 01800 HÁBLALO, la cual ofrece un servicio integral, dirigido a las mujeres de todo el país en situación de violencia a través de orientación y atención legal y psicológica, gratuita y confidencial, así como impulsar programas para el adelanto y desarrollo de las mujeres y mejorar su calidad de vida.

• Promover la suscripción de convenios de colaboración con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, para capacitar a los servidores públicos de las entidades federativas a fin de evitar prácticas y conductas de discriminación.
  
  Asimismo, impulsar en las entidades del país, la emisión de legislación en materia de discriminación, creación o fortalecimiento de la institución encargada de prevenir la discriminación, así como la elaboración de programas estatales para la igualdad y no discriminación.

• Promover que se realicen las medidas necesarias, en el ámbito de sus respectivas competencias, para dar cumplimiento a las recomendaciones que surjan con motivo de la sustentación del “Primer Informe de México ante el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad”, respecto al cumplimiento de la “Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.

• Regular el uso de la fuerza por parte de los cuerpos encargados de mantener el orden y la seguridad, generando mecanismos y medidas de protección con base en protocolos de implementación bajo el más alto estándar de Derechos Humanos.

• Impulsar la armonización del “Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes” de la Organización Internacional del Trabajo y la “Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas”, para garantizar de manera efectiva los derechos de estos pueblos.

• Emprender campañas de difusión y divulgación entre la sociedad a fin de dar a conocer el concepto pleno e integral de los derechos humanos, a fin de que se comprendan sus beneficios y obligaciones y que, por ende, los ubique como el eje de nuestra actuación cotidiana, para que de esta manera se genere en nuestra sociedad un nuevo paradigma cultural sustentado en el respeto, vigencia y promoción de los derechos humanos.

DÉCIMO OCTAVO.- A propuesta del Gobernador Rubén Ignacio Moreira Valdez, Coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de la Conferencia Nacional de Gobernadores, y en atención a los temas fundamentales de la agenda nacional que inciden en los derechos humanos, se aprueba integrar un grupo de trabajo que, bajo la coordinación del Gobernador Moreira, aborde los siguientes temas:

• Víctimas de Delitos;
• Trata de Personas;
• Personas Desaparecidas;
• Mecanismos de protección a defensores de derechos humanos y periodistas.

Para el desahogo de los temas referidos, se establecerá una agenda de trabajo con el Sistema Nacional de Atención a Víctimas; con la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; con representantes de la Comisión Intersecretarial para Prevenir y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos de la Segob; y con las familias o grupos que buscan a las personas desaparecidas.

Asimismo, se tiene por recibido el Programa de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, realizado con el apoyo técnico y metodológico de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.